La REPAM denuncia 13 casos de vulneración de Derechos Humanos en la Amazonía

Alexia Gordillo, subdirectora de Selvas Amazónicas, ha sido una de las encargadas de presentar la campaña y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). Alexia ha explicado que "este informe lo han realizado personas que están poniendo su vida en peligro para hacer estas denuncias" y que, como Iglesia, tenemos la obligación de dar a conocer a la comunidad internacional lo que ocurre en toda la región amazónica.

A lo largo de 300 páginas, el informe documenta los abusos y violaciones de derechos perpetrados en los últimos años por las industrias extractivas y los cultivos ilícitos, unas “actividades multimillonarias -señala el informe- basadas en la explotación intensiva de los recursos naturales que arrancan la riqueza de la tierra a costa de devastadores impactos sobre el ambiente amazónico y sobre la salud y la paz social de los pobladores”.

La publicación ha sido presentada por la activista Lily Calderón, que en el momento de su elaboración era abogada de Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, y por Sonia Olea, experta de Cáritas Española que ha colaborado en la edición y compilación de la misma.

En vísperas del Sínodo de la Amazonía

Este documento es el resultado del trabajo desarrollado, por impulso de la REPAM, en las Escuelas de Promoción, Defensa y Exigibilidad de Derechos Humanos celebradas en 2016 y 2018 en Ecuador y Perú, donde se han hecho el seguimiento de 13 casos de vulneración de derechos en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se trata de un esfuerzo que reviste especial importancia de cara a la celebración, el próximo mes de octubre en Roma, del Sínodo de Obispos para la Asamblea Especial para la Amazonía.

Como trasfondo del informe y como referencia inspiradora, está la llamada de Francisco al cuidado de la Creación en la encíclica Laudato Sí, que recuerda que “las comunidades aborígenes no son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios (…) Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura” (LS 146).

Impacto de la extracción de recursos

Como ha señalado Sonia Olea, “los impactos de las políticas de colonización, ocupación territorial y extracción de recursos en la Amazonía han sido enormes en las poblaciones ancestrales, cuyos proyectos han provocado que sean desplazadas, aniquiladas o sometidas a servidumbre”.

Según se denuncia en el informe, “los modernos proyectos hidrocarburíferos y mineros en la Amazonía ocupan espacios, contaminan el entorno natural y provocan pérdidas irreparables en la cultura y la paz social de los pueblos afectados”. A ello se añade el hecho de que “los beneficios se transfieren a los mercados financieros internacionales (sin que) poco o nada retorne a la región para aliviar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas”.

Este trabajo, resultado de una labor en equipo con las organizaciones de base y colectividades, quiere denunciar la violencia sistemática en 13 puntos concretos de la Amazonía. Para ello, se ha contado con las voces aportadas por los propios protagonistas, lo que ha permitido identificar las distintas violaciones de derechos perpetradas.

Análisis de 13 casos de vulneración de derechos

No sólo se analizan la realidad económica, sociológica, psicológica, relacional e histórica de las personas y los pueblos, sino que se aborda también un pormenorizado estudio de la normativa y las políticas públicas que los Estados de referencia están llevando a cabo y que no sitúan a las personas y los pueblos amazónicos en el centro de sus prioridades.

Lily Calderón ha expuesto uno de los casos paradigmáticos de abusos recogidos en el informe y en cuya redacción ha estado directamente involucrada. Se trata de la violación del derecho humano a la identidad campesina de que sufren desde hace décadas las comunidades campesinas ribereñas de Yurimaguas, en Perú, a causa de los cultivos invasivos de palma aceitera.

Lily Calderón expuso que la comodidad en la que viven los países desarrollados es gracias a la desgracia de los países en vías de desarrollo: "se supone que el fin supremo del estado es la defensa de la persona, que el centro de todo desarrollo es la persona, pero el único lenguaje que hablan los estados es el de prescindir de esos derechos, el de sucumbir a los intereses económicos de grandes empresas".

Junto a este caso, en el informe se documentan las siguientes vulneraciones:

• Violación del Derecho Humano a la consulta previa y libre determinación: Pueblos Indígenas Awajún y Wampís (Ecuador).
• Violación del Derecho Humano de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a la libre determinación (no contacto): Pueblo Indígena Tagaeri-Taromenani (Ecuador).
• Violación del Derecho Humano a la Identidad Campesina y Soberanía y Autonomía Alimentaria: Comunidades campesinas de la Vereda Chaparrito (Colombia).
• Violación del Derecho Humano a la manifestación y la participación, a la no criminalización de la defensa de Derechos Humanos: Comunidades campesinas de Morelia y Valparaíso (Colombia).
• Violación del Derecho Humano a una consulta auténtica, previa, de buena fe, libre e informada sobre su territorio: Pueblos Indígenas Mojeño Trinitario, Yucararé y T´siname (Bolivia).
• Violación del Derecho Humano a la Identidad indígena: Pueblo Indígena Mosetén (Bolivia).
• Violación del Derecho Humano a la identidad y cosmovisión de un pueblo: Pueblo Indígena Munduruku (Brasil).
• Violación del Derecho Humano a la Intangibilidad de territorios indígenas y sobre falta de responsabilidad estatal: Pueblo Indígena Yanomami (Brasil).
• Violación del Derecho Humano a la demarcación de territorios indígenas Pueblo Indígena Jaminawa Arará (Brasil).
• Violación del Derecho Humano al Hábitat: Comunidades campesinas de Buriticupú, Marañón (Brasil) y comunidades campesinas e indígenas de Tundayme en la cordillera del Cóndor (Ecuador).
• Violación del Derecho Humano al Agua: Pueblo Indígena Kukama (Perú).

Testimonio directo de cuál está siendo el impacto de estas prácticas lesivas sobre los pobladores de la Amazonía es una carta del pueblo Mundukuru, afectado en Brasil por la Operación Tapajós, donde expresa su indignación con la acción arbitraria de que son objeto:

“Nosotros, caciques, liderazgos y guerreros del pueblo Mundukuru siempre hemos luchado y continuaremos luchando por la defensa de nuestros bosques, nuestros ríos, y de nuestro territorio, ya que es de nuestra madre naturaleza de donde sacamos lo que necesitamos para sobrevivir, pero el gobierno que debería protegernos, manda a su ejército para asesinarnos y amenazarnos e invadir nuestras aldeas. Últimamente, se le falta el respeto a nuestro pueblo, nos amenazan y matan, utilizando sus fuerzas armadas como si los pueblos indígenas fuésemos terroristas o bandidos”.

Junto a otros muchos testimonios, el informe se completa con una serie de conclusiones y propuestas pormenorizadas para restablecer los derechos vulnerados, garantizar su pleno acceso en el futuro y preservar el cuidado de una “casa común” sana, feliz y comunitaria.

Red Eclesial Panamazónica (REPAM)

Está conformada por las instituciones regionales de la Iglesia Católica en los países que conforman la Panamazonía: CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil mediante su Comisión para la Amazonía), la CLAR (Confederación de Latinoamericana y del Caribe de Religiosas y Religiosos), la Pastoral Social Cáritas de América Latina y del Caribe, y de Conferencias Episcopales y de Religiosos Nacionales, con el apoyo del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. La REPAM está presente en los 9 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, y la Guyana Francesa) que conforman la PanAmazonía y es acompañada por una diversidad de organizaciones e instituciones territoriales, instancias eclesiales, y redes internacionales con experiencia en Derechos Humanos e incidencia; en articulación con universidades católicas o afines en la región y en otros países de Estados Unidos y Europa.

Fundada en 2014, en comunión con la visión del Papa Francisco en su Encíclica socio-ambiental Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común; tiene el anhelo de continuar una colaboración cercana y de acompañamiento directo y promoción de las poblaciones Amazónicas y organizaciones eclesiales.

Enlázate por la justicia

Desde el año 2012, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) vienen sumando esfuerzos para liderar una estrategia conjunta de presencia pública orientada a dar voz a un modelo alternativo de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas.

La Orden de Predicadores participa en Enlázate por la justicia a través de Selvas Amazónicas, Acción Verapaz y las religiosas dominicas de la Congregación Santo Domingo, como miembros de la agrupación de ONG Redes.