¡Más cerca de la tierra que mana leche y miel!
El día 9 de enero de 2020 es otra de las fechas importantes a recordar en la historia de la provincia de El Seibo pues el Gobierno Dominicano ofreció una propuesta de solución atendiendo a los reclamos que la Asociación de campesinos “Mamá Tingó” de La Culebra en Vicentillo.
La Comisión interinstitucional designada por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, convocó a la Directiva de la Asociación para comunicarle los resultados de la investigación registral y catastral de los terrenos en conflicto de donde fueron desalojadas violentamente cientos de familias el 6 de septiembre de 2018.
Esta Comisión, integrada por el director de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés Díaz, y los directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Piccirillo, después de relatar un extenso y minucioso informe de la investigación realizada concluyeron con las siguientes afirmaciones:
“El levantamiento de las ocupaciones de los campesinos, las mediciones catastrales, verificación de títulos de propiedad y el censo social confirman que las parcelas que ocupaban los agricultores de Vicentillo nunca han sido propiedad del Estado dominicano; son y siempre fueron de propiedad privada.
Los terrenos ocupados, actualmente reclamados y motivo central del conflicto, no se corresponden con las parcelas indicadas en la intención gubernamental expresada a través del Decreto Nº 486 de 1975, que pretendía realizar un asentamiento agrario. Ni los terrenos involucrados en el citado decreto, ni los adyacentes también ocupados por los campesinos, fueron ni han sido propiedad del Estado Dominicano.
El proceso de expropiación, resarcimiento económico y creación del asentamiento nunca fue llevado a cabo, por lo que no existe formalidad alguna que acredite como propietario a ninguno de los reclamantes.
El Gobierno dominicano se identifica con la situación de los campesinos de Vicentillo, comprende y reconoce el carácter moral y humanitario de la Unión de Productores Agropecuarios de las provincias de El Seibo y Hato Mayor Mamá Tingó. De igual manera, el Estado debe también reconocer y respetar el estado de derecho, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica consignadas en la Constitución de la República. El respeto a la propiedad privada es una de las bases de una sociedad de paz y uno de los principios de la organización de todo Estado.
Ante las limitaciones que esta realidad nos impone, el Gobierno dominicano apela a la justa comprensión de la opinión pública, al sentido de la prudencia y sensatez de las organizaciones involucradas e inicia un proceso de consultas a fin de identificar otros terrenos de propiedad estatal, con vocación agrícola para determinar su factibilidad, propuesta de distribución y posible creación de un asentamiento en un plazo prudente acorde a las necesidades de los reclamantes y a la situación fáctica de los terrenos identificados”.
La Comisión del Gobierno pidió un compás de espera de una semana para identificar bien los terrenos del CEA que serán entregados a los campesinos de forma que nadie pueda reclamarlos y que no se vuelva a repetir el error del año 1975 con el Decreto 486 del Presidente Dr. Joaquín Balaguer declarando de utilidad pública e interés social una extensión de 1,846.05 tareas.
Los integrantes de la Comisión gubernamental se comprometieron también a dialogar con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, para que garantice la seguridad en la zona de forma de no se vuelvan a dar amenazas de muerte por parte de los sicarios fuertemente armados del terrateniente Pedro Guillermo Varona.
Queda, pues, la esperanza de que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra para que mane leche y miel como sucedía hasta antes de los cruentos desalojos. A partir de ahora el diálogo entre la Comisión del Gobierno y la Directiva de la Asociación debe seguir fortaleciéndose llegando así a cristalizar el sueño de tantos campesinos que sólo quieren trabajar la tierra y por ella luchan, porque ese es su derecho.
Fr. Miguel Ángel Gullón, OP
