Unidos a Dios compartimos un grito

Los días 17 a 19 de julio de 2015, se realizó en Roma el encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras, organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería, con el lema “Unidos a Dios escuchamos un grito”.

Participaron líderes de 18 países del mundo: Chile, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Mozambique, Ghana, República Democrática del Congo, India y Filipinas.

Fue un encuentro altamente esperado por nuestras comunidades, que están organizándose progresivamente para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por la destrucción y contaminación del medio ambiente, los daños a la salud, las divisiones comunitarias, el desarraigo al territorio, las enfermedades, la perdida de la cultura, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción, la perdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera. De manera que las comunidades también se organizan para establecer estrategias comunes de resistencia y alternativas.

“El objetivo de este encuentro es reconocer su dignidad”, afirmó el cardenal Turkson, presidente del PCJP. El Papa Francisco la definió “la inmensa dignidad de los pobres” (Laudato Sí – LS 158).

La Iglesia Católica está encontrándose cada vez más con la gravedad de los impactos mineros, dejando heridas profundas e inmisericordes en el seno de la tierra y de las comunidades, que son síntoma de la “única y compleja crisis socioambiental” (LS 139).

El Papa Francisco en su carta a los participantes del encuentro, describió el contexto de los conflictos mineros con extrema lucidez y empatía: “Os habéis querido reunir (…) para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería. Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos y del apoyo de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común''.

El Cardenal Turkson concluyó el evento comunicando a las comunidades: “Somos conscientes de su aislamiento, de la violación de derechos humanos, de la persecución, del desequilibrio de poder…”. El sufrimiento de las comunidades tuvo, a través de este encuentro, una preciosa divulgación y visibilidad frente a la opinión pública mundial.

Reflexionando sobre la Doctrina Social de la Iglesia, nosotros los participantes llegamos a la conclusión que la Iglesia no puede ser una mediadora neutra entre las comunidades y las empresas. “Donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres” (LS 158).

Las afinidades de nuestras denuncias revelan que hay prácticas repetitivas por parte de las empresas en todas las latitudes, frecuentemente en alianza con los gobiernos nacionales y locales y con una fuerte incidencia y lobby de las empresas en todos los espacios de poder, con lo cual buscan, bajo el amparo de la elaboración de leyes ofensivas para la vida, proteger sus proyectos operacionales e intereses de lucro.

Con esa desproporción de fuerzas e influencias y con la falta de un adecuado acceso a la justicia, a la información, y encima de una fuerte criminalización de la protesta social, es prácticamente imposible que haya un diálogo respetuoso y atento de las empresas y los gobiernos para con las exigencias de los más pobres. En su encíclica, el Papa Francisco recomienda fuertemente “grandes caminos de diálogo”, pero los vincula todos a responsables procesos políticos y de toma de decisiones a nivel internacional, nacional y local (LS 164-198). Ese es el nivel que podemos y queremos potencializar, con la determinante postura del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.

Expresamos también nuestra preocupación al respecto de la estrategia de aproximación que las grandes corporaciones mineras tienen para con la Iglesia institucional, resaltando las contradicciones entre los discursos realizados en Roma por estas multinacionales y sus prácticas locales, las cuales continúan en la mayoría de los casos, violando los derechos humanos en los territorios.

En este sentido, resuenan aún más fuertes las palabras que el Papa Francisco nos escribió por ocasión del encuentro: no se trata de buscar pequeños ajustes de conducta o elevar un poco los estándares de la así llamada: “responsabilidad social corporativa”. Al contrario, dice el Papa, “todo el sector minero está indudablemente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países”.

Celebramos este encuentro porque el grito de auxilio de las comunidades está siendo escuchado y se está organizando cada vez más. Sin embargo, sentimos también el desafío de garantizar los derechos humanos y el protagonismo de las comunidades en sus territorios: “los nuevos procesos que se van gestando (…) deben partir de la misma cultura local” (LS 144).

Esperamos con mucho interés el documento que el Pontificio Consejo de Justicia y Paz preparará con las reflexiones e indicaciones al respecto de los conflictos provocados por las actividades de la minería. Anhelamos sea un documento pastoral que podrá, de un lado, reforzar y empoderar las comunidades confirmando su dignidad y sus proyectos de vida, de otro, recomendar a las iglesias locales la importancia de educar en el cuidado de la Madre Tierra, defender las víctimas de los conflictos y de la criminalización, promover políticas y acciones institucionales para la protección de los derechos socio ambientales, así como ser vigilantes en la relación con las empresas.

Sugerimos al PCJP que en su encuentro con los empresarios de las grandes mineras se sume, con una postura contundente, a lo que ya varios pueblos y organizaciones en el mundo vienen exigiendo: avanzar en la definición del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, actualmente en construcción en la ONU.

Consideramos que el camino más adecuado para la gestión de los conflictos entre las comunidades que reclaman el derecho al territorio y los proyectos de las empresas, con aval de los estados, sea el total respeto de los derechos humanos y de las leyes e tratados ya existentes, bien como la definición de nuevos consistentes instrumentos regulatorios, políticos, jurídicos y económicos, tanto a nivel nacional como internacional (LS 177); “pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183). Las comunidades tienen el derecho de decir ‘no’ a la minería.

En ese sentido, reforzamos la importancia de garantizar áreas libres de la minería. Se trata de regiones de especial protección ecológica, comunidades en territorios pequeños que serían atropelladas por gigantes proyectos mineros, espacios sagrados donde se celebran la historia de un pueblo y su cultura, áreas de particular belleza natural o donde viven comunidades que ya fueran desplazadas anteriormente, entre otras.

El Cardenal Turkson nos garantizó que este encuentro representa otra etapa de un largo compromiso del Consejo Pontificio: “No es solo el Vaticano que escucha el grito de las víctimas. También los obispos lo hacen. Animaremos a los obispos locales para permanecer más próximos a las comunidades afectadas”.

Agradecemos a la Iglesia Católica por escuchar el grito de los afectados por la minería y queremos continuar caminando con esperanza “para que venga el Reino de justicia, paz, amor y belleza”.

Roma, 28 de julio de 2015
Las comunidades que participaron del encuentro “Unidos a Dios escuchamos un grito”