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Fr. Felicísimo Martínez

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Central Romana se enfrenta a una denuncia en el Tribunal de Florida

Los desalojos que se produjeron en El Seibo en 2016, por parte de la compañía Central Romana, han sido denunciados ante el Tribunal de Florida. Las víctimas buscan reparación por los daños causados. Esta noticia analiza el caso y explica la denuncia interpuesta en defensa de la Dignidad.

Artículo publicado originalmente por Zeb Larson en latindispatch.com

Una demanda presentada en enero contra la empresa Fanjul Corporation en el Tribunal del Distrito Sur de Florida busca reparar la pérdida de la propiedad que sufrieron 60 familias en enero de 2016. Fue entonces cuando la empresa azucarera Central Romana obligó a las familias a abandonar sus tierras en la provincia de El Seibo, República Dominicana. Actualmente el caso está en pausa esperando que se retome, pero podría sentar un precedente para las compañías multinacionales implicadas en violaciones de derechos humanos.

A media noche, el 26 de enero de 2016, guardias armados de la empresa Central Romana, una productora de azúcar, despertaron a unas 60 familias en el barrio de Villa Guerrero de El Seibo. Forzaron a las familias, incluidos los niños, a abandonar sus casas, antes de derribarlas.
Una de las víctimas, que recientemente se había sometido a una cirugía de cataratas, quedó cegada en un ojo cuando los guardias le iluminaron la cara. Las familias, muchas de ellas en extrema pobreza, habían ocupado la tierra de manera informal.

Cuatro años después de los desalojos violentos, activistas de derechos humanos se unieron a veinticuatro de las víctimas para presentar una demanda contra Fanjul Corporation en Florida, un importante conglomerado de empresas azucareras y de bienes inmuebles dirigido por la familia Fanjul. Los demandantes alegan que Fanjul es la empresa matriz de Central Romana.

Robert Vance, el abogado de los demandantes, espera establecer que Central Romana está bajo la jurisdicción del sistema judicial de los Estados Unidos porque la sede de Fanjul Corp está en West Palm Beach. Las víctimas buscan reparación por la pérdida de sus propiedades y por los trastornos y daños emocionales que sufrieron. Para demostrar que las dos entidades están entrelazadas, Vance planea explorar su relación comercial y la relación entre sus directivas para dejar patente que ambas están trabajando de manera conjunta y que Fanjul es, efectivamente, la empresa matriz de Central Romana. "Central Romana actúa de manera dolosa ", dice Vance.

Las familias originalmente buscaron justicia en República Dominicana, pero no tuvieron éxito. El fiscal del país tardó dos años en considerar la denuncia y tomar una decisión. A los demandantes se les dieron solo cinco días para organizar una apelación, en medio de las vacaciones de Navidad del país.

Los tribunales civiles eran un callejón sin salida, ya que ningún abogado quería asumir el caso. Los observadores internacionales sostienen que el sistema judicial en la República Dominicana es corrupto y protege a las corporaciones. En el caso República Dominicana contra AES Corp, el gobierno dominicano decidió demandar a una empresa en los tribunales de EEUU porque se determinó que su propio sistema judicial era poco fiable. Dado el poder que ejerce Central Romana en la República Dominicana, los demandantes sienten que podrían esperar un juicio justo en Florida, aunque la denuncia señala que la influencia de Fanjul en la economía podría permitir que la compañía influya en el fallo.

Después de los desalojos de 2016, sin ningún recurso, las familias se dispersaron a donde pudieron encontrar alojamiento. Muchos se reasentaron con familiares en Santa Cruz del Seibo y otros barrios empobrecidos. Ante la falta de medios para reparar la situación en su país de origen, las víctimas comenzaron a trabajar con activistas en el extranjero.

Muchas de las víctimas se han estado organizando contra los abusos de Central Romana en la República Dominicana. Mujeres como María Magdalena Álvarez Gálvez, que se encontraba entre las sesenta familias desalojadas en 2016, están luchando contra las acciones de esta empresa. Gálvez se ha expuesto públicamente en contra de Central Romana, incluso en un acto organizado por Dominicos por la Justicia y la Paz (Orden de Predicadores) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los activistas también han estado brindando apoyo a otras comunidades actualmente amenazadas de desalojo, apoyándolas para presionar al gobierno dominicano.

Central Romana es el mayor productor de azúcar en la isla y el mayor empleador privado del país. La compañía es el tipo de corporación "Gran Azucarera" que había hace cien años en el Caribe, ejerciendo un poder desproporcionado en el país. A pesar de que el azúcar ha disminuido en importancia para la economía del país, las operaciones de Central Romana son altamente rentables. Además del azúcar, la compañía también realiza actividades de ganadería y tiene el exclusivo resort de casi 3.000 hectáreas, Casa de Campo. La familia Fanjul alegan que su inversión es pequeña en la filial, aunque los miembros de la junta de Fanjul participan en la dirección de Central Romana.

Se cree que Central Romana ejerce influencia política en la isla, lo que les ha permitido eludir o incluso violar la ley cuando no se ajusta a sus intereses. El Ministerio de Trabajo descubrió en 2013 que la compañía infringió las leyes laborales y sometió a los empleados a condiciones de trabajo ilegales.

Aunque las familias en Villa Guerrero fueron desalojadas, la Constitución dominicana garantiza el derecho a la vivienda para todas las personas y el desalojo requiere un proceso legal. Central Romana está acusada de ignorar esos procesos y desalojar violentamente a las 60 familias.

Fanjul Corporation está dirigida por cuatro hermanos: Alfonso, José, Andrés y Alexander. Su hermana Lian, se encarga de las organizaciones benéficas de la compañía. La familia dejó Cuba para ir a Estados Unidos a raíz de la Revolución Cubana cuando perdieron sus tierras. En Florida establecieron nuevas plantaciones de azúcar y tierras que los convirtieron en uno de los mayores productores de azúcar del mundo. Comenzaron comprando tierras en los Everglades, una región de Florida, para el cultivo de la caña de azúcar y trayendo trabajadores jamaicanos bajo el programa de visa H-2.

En la década de 1980, Fanjul Corp era lo suficientemente fuerte como para expandirse a República Dominicana a través de Central Romana y el negocio familiar ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores productores de azúcar del mundo. Hoy, Fanjul Corp es copropietario de American Sugar Refining, lo que significa que gran parte del azúcar distribuido en Estados Unidos proviene de filiales como Domino, Redpath y Florida Crystals. Sus operaciones en Estados Unidos reflejan a sus contrapartes dominicanas, diversificadas en producción de azúcar, ganado y complejos turísticos.

La familia Fanjul también ejerce una importante influencia política en EEUU a través de sus negocios y, ligados a comités de acción política, Fanjul Corp realiza donaciones para las campañas políticas por valor de cientos de miles de dólares. En 2016, donaron casi 1,2 millones de dólares a los demócratas y 600.000 dólares a los republicanos. En declaraciones a Vanity Fair en 2011, Alfy Fanjul dijo: “Una de las razones por las que nos involucramos en la política estadounidense es por lo que nos sucedió en Cuba. No nos involucramos en el gobierno de Batista, y no queremos que nos vuelva a pasar lo que sucedió en Cuba ”. La familia Fanjul usa estas contribuciones para proteger sus actividades comerciales en EEUU, presionando para conseguir medidas que les protejan. El azúcar es un producto agrícola cuyo valor puede verse disminuido debido a las cuotas de importación y los Fanjul defienden que Central Romana pueda vender azúcar en los Estados Unidos. También parecen tener influencia política en República Dominicana. A través de Wikileaks se reveló que la familia Fanjul intentó sobornar a políticos dominicanos para que se opusieran al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, temiendo que pudiera perjudicarles.

La clave del caso en los tribunales de Florida es si los abogados podrán probar que Central Romana y Fanjul Corp son efectivamente la misma empresa. Hasta la fecha, nadie ha podido demostrarlo en los tribunales, aunque, como táctica legal, ha funcionado con otras compañías. Los argumentos del equipo legal dependerán de poder demostrar similitudes en las juntas directivas de las dos compañías, su relación económica y sus flujos de financiación, y si sus negocios están entrelazados. El abogado Robert Vance confía en que, al menos, resolverán el tema jurisdiccional sobre si Fanjul puede ser demandado en la corte de Florida.

Si este enfoque no funciona, los activistas y los demandantes planean simultáneamente presentar una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa demanda se presentará de manera inminente y podría dejar claro que República Dominicana no ha respetado ciertas partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si la demanda resultara exitosa sería un logro histórico para los derechos humanos en República Dominicana. "Si el tribunal determina que puede ejercer jurisdicción sobre la propia Central Romana y que las dos compañías son idénticas, otros perjudicados en República Dominicana podrían demandarlos en Estados Unidos", afirma el abogado.
Vance, a su vez, participó en una demanda contra Central Romana en nombre de los trabajadores que alegan que estuvieron expuestos a pesticidas de riesgo, sin la formación adecuada.

Las familias que fueron desalojadas podrían recibir una compensación por la pérdida de su propiedad, daños emocionales y daños monetarios relacionados con su desplazamiento.

De Central Romana se afirma habitualmente que es un empleador abusivo con los trabajadores que cortan caña de azúcar, a los que pagaban salarios ínfimos por trabajar en condiciones brutales y a menudo degradantes. En 2015, Al Jazeera describió las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de las plantaciones haitianas como cercanas a la esclavitud.


Para la industria azucarera en República Dominicana y otras jurisdicciones donde opera Central Romana, la demanda es una advertencia de que los tribunales extranjeros podrían hacerlos responsables por abusos contra los derechos humanos.
 



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